«Estamos en un proceso de cambio en la SGAE». Así de claro anunciaba esta mañana el presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, el giró que la entidad va a emprender en 2011. Un cambio que consistirá en cumplir un programa de diez puntos, entre los que destaca la aplicación de un Código de Buenas Prácticas, que se ajustará a las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia en lo que se refiere a las relaciones con empresarios que usan su repertorio; el nombramiento de una «defensor del cliente», para aquellos que quieran presentar cualquier queja; intensificar la transparencia «en nuestro sistema de reparto», así como someterse al control y escrutinio de instituciones como AEVAL. Asimismo la entidad no realizará acciones de carácter penal contra usuarios individuales y personas físicas en el ámbito digital. «Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo».
Han tenido que pasar muchos meses de críticas y polémicas para que la entidad, por fin, haya decidido replantearse algunos aspectos y tender un puente para acercarse a una opinión pública que le ha dado la espalda a su gestión. Más transparencia, buenas prácticas o un defensor del cliente parecen las recetas adecuadas para que la SGAE pueda reconducir la percepción negativa que durante el último año ha tenido la institución, representada por Bautista, «la persona más odiada en internet», según reconocía esta mañana Enrique Barón, encargado de introducir el desayuno informativo del Foro de la Nueva Cultura. «Estamos ante una SGAE no nueva pero sí adaptada a la nueva sociedad. Y si, como sucedía en tiempos de la Inquisición, es necesario salir a la plaza pública para una reconvención general, lo haremos. Estamos en un proceso de cambio en la SGAE», reconoció Bautista.
Una única entidad
Entre los puntos del decálogo, Bautista anunció que propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante «en la litigiosidad que todavía existe». Otro de los puntos se refiere al deseo de trabajar con todas la entidades de gestión a través de la creación de «una entidad única que aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la Sentencia del año pasado».
El decálogo también incluye intensificar la información sobre la entidad hacia los consumidores, e impulsar la distribución de la música y películas de sus socios en internet. Bautista también anunció la «nueva andadura» de la Fundación Autor, de la que hace unos meses fueron despedidos casi todos sus trabajadores, y que incluye organismos como el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), Artenet o la red de teatros Arteria, «la mayor inversión cultural privada», como presumió el presidente de la SGAE.
La ley Sinde, necesaria
Durante el turno de preguntas no pudieron faltar las relativas al canon digital y la reciente setencia de la Unión Europea, que, para Bautista, confirma que «la remuneración por copia privada tiene que existir y que alerta sólo en acciones de discriminación». En cuanto a la «Ley Sinde», rechazada en el Congreso el pasado mes de diciembre, aseguró que se ha producido un «giro sutil» en los partidos políticos al entender que «se habría aprobado si no estuviera trufada de tanto partisanismo y presión política. Se está trabajando en un consenso. España necesita la Ley de Economía Sostenible para desarrollar su ecosistema, no es un lujo».
Internet, el negocio más grande
Eduardo Bautista se refirió también a la necesidad de una reconversión de la industria cultural en internet, «el negocio más grande que se ha configurado durante la historia de la Humanidad y por eso no conviene atacarle sino regularizarle para no enriquecer a unos y empobrecer a otros». Señaló, además, que lo importante en internet no es la tecnología, sino el «internet ontológico y requiere que los contenidos culturales no sean el pasto que se echa a las vacas». En opinión del presidente de la SGAE, es el Estado quién, al igual que ha hecho con la propiedad privada, tiene la obligación de enseñar a la ciudadanía a respetar la propiedad intelectual. «No se nos puede pedir a las entidades de gestión que nos dediquemos a esto».
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