¿Las operadoras telefónicas que cobran por dar acceso a Internet y soportan su tráfico pueden discriminar con velocidades o tarifas distintas según el servicio que se ofrezca por terceros? ¿Los sitios comerciales que generan un gran volumen de visitas han de pagar más por el empleo de estas infraestructuras? Éste es el debate que se vive desde hace años en Internet. Una polémica sobre la llamada neutralidad de la Red que, a grandes trazos, enfrenta a las operadoras y a los ofertantes de servicios y contenidos comerciales de éxito, con el apoyo de los consumidores. Un debate con pequeñas y grandes frases, maniobras de grupos de presión, reivindicaciones ciudadanas... Estados Unidos lo está viviendo estos últimos meses con grandes pronunciamientos. En España reaparece episódicamente en foros académicos y de activistas de la Red, pero muy a menudo como un argumento añadido en otra pelea, ésta sí muy vistosa: el derecho, o no, a cortar el acceso a descargas.
Sin embargo, el viernes pasado, el presidente de Telefónica, César Alierta, lo ha colocado en primer plano con un aviso contundente. "Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero también es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio posventa lo hacemos nosotros, lo hacemos todo. Esto va a cambiar, estoy convencido". Anoche, al cierre de esta edición, el primer aludido, Google, no se había pronunciado. Los directivos de la compañía en España han tenido una reunión este fin de semana para analizar el aviso de Alierta, pero, de momento, la réplica oficial no ha llegado.
Ni tan siquiera los padres de la criatura mantienen posiciones unánimes en el debate. Vinton Cerf, coinventor del protocolo de Internet, considera que la Red fue diseñada sin guardianes sobre contenidos o servicios y no debe haberlos. Sin embargo, su colega Robert Kahn defendió en 2007 que si la meta es animar a la gente a construir nuevas capacidades, "quienes lideren aquello probablemente van a hacerlo solamente en su propia red al comienzo y no sucederá lo mismo en la red de otros".
El profesor de Derecho de ESADE Amadeu Abril, que perteneció al comité directivo de ICANN (sociedad que gestiona los dominios en Internet), considera que "el tráfico no lo genera Google, sino los clientes de las operadoras que acuden a Google", y que la ocupación de banda ancha es mayor en el intercambio de archivos P2P que en la consulta a un buscador. Para Abril, si Telefónica cortase el acceso a un buscador o priorizase el tráfico de otros para forzar un acuerdo podría estar incumpliendo la Ley General de Telecomunicaciones. "Telefónica tiene una evidente posición dominante y, además, ofrece servicios similares a Google como correo electrónico o agregación de noticias. Creo que en este caso, las autoridades de la competencia actuarían con fuerza".
No coincide esta postura con la del catedrático de la Politécnica de Madrid Jorge Pérez, coordinador del foro de la gobernanza de Internet en España. "El crecimiento de Internet ha dado dos modelos de negocio distintos: los que administran contenidos y los operadores, cuya red utilizan aquéllos. Eso genera un conflicto básico, porque los operadores han de invertir en infraestructura y los beneficiarios de esta mejora son los primeros". Pérez está convencido de que el debate concluirá con algún tipo de acuerdo que supondrá la financiación de infraestructuras por parte de Google, Microsoft, Yahoo!... "El problema es que no se sabe cómo". Y, anticipa Pérez, no será un acuerdo impuesto por reguladores. Lo que sucede, a juicio de Pérez, es que en Europa el debate sobre un Internet abierto se ve desde una óptica distinta que en EE UU porque Europa, con potentes operadores, carece de una industria fuerte en el área de los servicios en Internet.
En EE UU, tanto el presidente Obama como su contrincante republicano en las últimas elecciones presidenciales, John McCain, se han pronunciado sobre este asunto. Obama se postula a favor de la neutralidad de los operadores. Lo ha hecho recientemente en un debate en YouTube. McCain, desde el Senado, ha presentado una brevísima proposición que exige a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en sus siglas en inglés) que se abstenga de promulgar reglamentos sobre Internet y los servicios basados en su protocolo. Se trata, desde el liberalismo rampante, de evitar cualquier intromisión estatal en Internet.
Aunque Obama se ha mostrado un ferviente defensor de la neutralidad de la Red, las reglas propuestas por la FCC en el último trimestre del año pasado admiten algunas notables excepciones. Por ejemplo, las operadoras podrán discriminar el tráfico para descongestionar la Red, contener la circulación de productos hostiles (como los virus o el spam), combatir el contenido ilegal como la pedofilia o las infracciones de los derechos de autor y por cualquier otro motivo necesario para "una gestión razonable de la Red".
El año pasado, tanto importantes empresas de servicios en Internet como operadoras hicieron llegar claramente sus puntos de vista a las autoridades norteamericanas. En octubre, los máximos directivos de compañías como Google, eBay, Amazon, Craiglist, Flickr o Facebook enviaron una carta a las autoridades reguladoras en la que defendían un acceso a Internet sin discriminación. Argumentaban que ello permite competir en la Red tanto a la gran compañía, que podría pagar un servicio premium, como al pequeño innovador, sin dinero para hacerlo. Estas empresas están organizadas en la Open Internet Coalition. La suya no fue la primera carta remitida a la FCC. Una semana antes, 44 compañías dedicadas a las telecomunicaciones y tecnología de redes, como Cisco, Motorola, Nokia o Alcatel habían remitido la suya. La carta sostenía que imponer la neutralidad en la Red puede impedir a los suministradores de banda ancha invertir en ofertas avanzadas porque se les negaría una fórmula comercial para rentabilizarla.
En EE UU ya se han producido varias disputas entre proveedores de contenidos y operadoras. En 2008, Comcast fue advertida por las autoridades de aquel país para que dejara de castigar el tráfico generado por las redes de intercambio P2P. Pero el caso más llamativo es la pugna abierta entre Google y la operadora ATT en octubre de 2009. Google, paladín de la neutralidad, contradijo sus principios, a juicio de ATT, cuando cortó las llamadas gratuitas a ciertos destinos rurales de EE UU a través de su servicio Google Voice por el coste que le suponían. ATT, en su denuncia, sostenía que si las operadoras tienen la obligación de encaminar todas las llamadas cualquiera que sea su destino, Google debía estar sometida a la misma obligación. La empresa del buscador alegaba que era un servicio de Internet y no de operadora.
En el Reino Unido, el pasado junio, la BBC denunció que BT rebajaba la velocidad de visionado de los vídeos que ofrecía el canal de televisión en Internet. BT alegó que manejaba el ancho de banda disponible para "optimizar la experiencia de todos los clientes".
En Europa, la neutralidad de la Red ocupó a los parlamentarios de la UE los pasados octubre y noviembre de forma colateral cuando se discutía un paquete de medidas sobre las telecomunicaciones. Aunque el foco de uno de los debates estuvo puesto en el control de las descargas, en el trámite del citado paquete se redactó una enmienda, la 138, que los internautas blandían como un claro pronunciamiento a favor de la neutralidad. En la misma se decía que no se podía imponer ninguna restricción a los derechos y libertades de los internautas sin intervención judicial. La enmienda decayó y fue sustituida por un texto menos contundente. Con todo, la comisaria encargada de la sociedad digital, Neelie Kroes, se ha manifestado en favor de la neutralidad de la Red.
En España, también a la sombra del debate sobre la regulación de las descargas, han reaparecido proclamas por la neutralidad. En un manifiesto de profesionales y creadores en Internet publicado en diciembre, su octavo punto exigía que "el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red". Las declaraciones de Alierta han despertado una gran polémica en Internet. Fran, en un mensaje en ELPAÍS.com, aseguraba que es un error decir que la información está en la Red y la Red es de las operadoras. Los buscadores despliegan enormes servidores para gestionar las consultas. "Es como si abres un restaurante en la sierra y tienes que pagar el peaje de la autopista que usan los clientes para llegar".
Esta opinión en los foros no es compartida por algún analista como, por ejemplo, Alberto Bellé, de IDC. "Este debate está muy vivo en los países nórdicos y no se le ha ocurrido a Alierta. Es un problema entendible de los operadores que deben invertir en infraestructuras cuyo mayor provecho lo obtienen proveedores de servicios con un determinado modelo de negocio. El dilema para los operadores es hacer pagar esta inversión al ciudadano que accede a Internet o al proveedor de contenidos que los oferta a través de él. Si no se aclara el debate, acabaremos pagando más los usuarios".
Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, por el contrario, no comprende la postura de Alierta en un país "donde tenemos una de las ADSL más caras y lentas de Europa y por parte de una empresa con obvios beneficios". Domingo duda de que una política comercial de discriminación en el acceso a Internet sea moral o jurídicamente viable. "Ya pagamos a las operadoras para acceder a la Red", concluye.
La SGAE sigue llenándose de Gloria. Ahora resulta que la protesta contra un canon digital injusto y arbitrario se debe al bajo nivel cultural de los españoles, según aseguró el director del área mediterránea de la SGAE, Ramon Muntaner. 
