En su informe (PFD) sobre la Ley de Economía Sostenible, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) no emite ninguna opinión sobre la polémica disposición adicional primera del anteproyecto, que deja en manos de Cultura el cierre de páginas web con la autorización de la Audiencia Nacional.
En este informe, el CCU sólo habla de Internet para analizar el compromiso de convertir en derecho la posibilidad de aceso a Internet a una velocidad de al menos un mega, así como la ausencia en dicho texto de la obligación de poder consultar las lecturas de empresas suministradoras (agua, electricidad, gas...) de poder consultar las lecturas por la Red.
¿La razón? Según Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación -miembro del CCU-, "el documento se centra en los aspectos del anteproyecto en los que hay consenso, y en el asunto de la disposición adicional primera de la LES no existe una posición unitaria" entre las asociaciones que conforman el CCU.
Todo ello, a pesar de la polémica surgida de diversas asociaciones y activistas en Internet, que dieron la voz de alarma cuando se publicó el texto del anteproyecto de LES.
Este informe es uno de los solicitados a diversos órganos consultivos, ninguno de los cuales es vinculante aunque todos ellos son perceptivos. Así, el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial avalaba la fórmula propuesta por el Ejecutivo para proteger la propiedad intelectual en la Red.
Ésta consiste en dar a la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura la potestad de obligar al cierre de sitios web previa denuncia de los posibles afectados, y con la autorización 'expres' (en un plazo máximo de cuatro días) de un juez de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Por contra, el Consejo Fiscal ha criticado en su correspondiente informe tal medida, que considera "dudosa" al equiparar la protección de la propiedad intelectual con algunos derechos fundamentales. La Fiscalía no ve con buenos ojos que el proyecto de ley prevea modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Artículos modificados
El texto del anteproyecto de ley prevé modificar los artículos 8 y 11 de LSSI, que son los que permiten la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet en caso de que dichos servicios puedan atentar contra determinados valores como la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona, el principio de no discriminación o la protección de la juventud y la infancia. Con esta modificación se introduciría de manera expresa la propiedad intelectual.
No obstante, el Consejo Fiscal considera que la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental.
Esta misma semana, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, salió al paso de las críticas al asegurar que la posibilidad de cierre de páginas web por orden judicial que contempla la futura LES se prevé "para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información" y no la propiedad intelectual.
El ministro explicó en Granada que la medida se justifica "ante la posibilidad de que una administración pudiese cerrar una web o retirar algunos contenidos", hecho que podría atentar contra la libertad de expresión o el acceso a la información, "garantizar que sólo se produzca por orden de un juez", circunstancia que comparó a "cuando se recurre a un juez para una manifestación que la Delegación del Gobierno no permite".
