La justicia actúa contra la impunidad de las injurias anónimas en Internet

El cerco a los insultos en Internet se estrecha cada vez más. La Justicia ha puesto en su punto de mira a los medios digitales para perseguir delitos de injurias y calumnias que a menudo cometen los internautas protegidos (supuestamente) bajo el anonimato o el seudónimo. La Fiscalía de Toledo ha actuado contra el diario Periodista digital, que albergó insultos y expresiones vejatorias hacia de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez García. Entiende la Fiscalía que esa cabecera online ha podido incurrir en un delito de "injurias graves con publicidad".
El julio de 2010, periodistadigital.com incluyó en su página web comentarios extremadamente despectivos hacia la política socialista. Una persona que utiliza de alias Cuidadín decía de ella: "Esta tía es totalmente violable. Pero no por lo buena que está, que da asco la cerda, sino por hacerla daño y mucho". Otro, que firmaba como 11m=psoeta se dirigía a ella como "puta zorra ladrona y vaga". La denuncia presentada por la Fiscalía pide al juez que se averigüe la identidad de las direcciones IP (la matrícula de los ordenadores) desde las que se enviaron los mensajes, que aparecían en el pie de un artículo titulado Usan el despacho de la portavoz de Barreda [José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha] para defender a su novia, publicado el 29 de julio de 2010.
La Junta de Castilla-La Mancha remitió a los pocos días a Periodista digital un burofax en el que requería "con carácter inmediato" que dejara de almacenar o impidiera el acceso a cualquier tipo de "contenido injurioso e incitador de la violencia" contra la portavoz del Ejecutivo. En septiembre, cuando la Fiscalía abrió diligencias, aún eran accesibles al público.
El director de Periodista digital, Alfonso Rojo, aseguró ayer que nunca tuvo conocimiento de ningún burofax ni de la denuncia realizada por la Fiscalía de Toledo. Rojo dijo que mensajes de este tipo "son inadmisibles". "Si los vemos, los eliminamos y bloqueamos la dirección IP. Si alguien detecta un comentario injurioso, insultante o repulsivo se elimina motu proprio. No aportan nada".
Pero lo cierto es que ayer, tres meses después de que fuera enviada la petición para que se suprimieran las referencias injuriosas hacia la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, se podía leer en la web de este diario online el mensaje firmado por 11m=psoeta. El que rubricaba Cuidadín había desaparecido.
Casos como este ponen de manifiesto la impunidad con que se mueven en la web los grupos de insultadores, algunos perfectamente organizados. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Javier Álvarez sostiene que tales mensajes son "indubitadamente injuriosos". Asegura que a la hora de perseguir estos delitos no es lo mismo que se trate de un medio estable que otro en el que la página está en un país, el servidor en otro y el que injuria, en un tercero. "Eso los hace absolutamente invisibles y resulta muy difícil perseguir estas conductas. Se necesitan muchos medios". Especialmente escurridizos son los blogs, "un coladero absoluto", apunta Álvarez.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, afirma que es muy fácil conocer la identidad de los autores que realizan comentarios en Internet. "Todos los que navegamos dejamos rastro. No hay anonimato. Todos tenemos un número IP, a no ser que se trate de ciberdelincuentes". Argumenta que un juez puede perseguir "perfectamente" delitos de injuria o de vulneración del derecho al honor, especialmente frecuentes en la Red.
"Algunos medios digitales se escudan en que son medios libres y permiten a cualquiera escribir lo que le da la gana. Pero no se puede poner el medio por encima de los derechos fundamentales. No se pueden sacrificar los derechos por la fluidez del medio", explica Álvarez.
La ley española de la sociedad de la información dicta que los propietarios de las web no son responsables de los comentarios que se vierten en ellas, salvo que, cuando tengan conocimiento de que esas opiniones son ilícitas, no los retiren rápidamente. Javier Álvarez recuerda que cuando se ignora el nombre de la persona firmante, existe una responsabilidad en cadena. "Los periódicos exigen que se identifiquen los autores de las cartas al director. De lo contrario, serían un vehículo para comentarios injuriosos. En el caso de que no se identifique el autor, responde directamente el director, el editor o quien especifique el Código Penal. En los delitos de prensa e imprenta responden los autores para evitar precisamente que se estrangule la libertad de expresión".