Una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes será la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que suya será la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podrá ser decidido en primera instancia por la citada comisión.
La propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reconoció ayer en el Senado que se tratará de un procedimiento administrativo el que decida, "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar "contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros", y que la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. "En ningún caso, se va a cortar Internet a los usuarios", dijo González-Sinde.
Esta es la principal propuesta que la comisión interministerial encargada de realizar un diagnóstico sobre la llamada "piratería" en Internet ha elevado al Gobierno, y que éste ya ha plasmado, en parte, en la Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición final se modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para dar cobertura legal a ese organismo, cuyo funcionamiento se desarrollará por un reglamento posterior.
La Comisión de Propiedad Intelectual (en realidad, es una segunda sección de este organismo que ya funciona en la actualidad pero con otras competencias) dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura, tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos, con el máximo consenso posible, con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria.
Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Una vez que comprueben esa vulneración remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.
Y es que en la modificación de la LSSI se equipara la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia.
Sin embargo, ni la LSSI ni las modificaciones legales ahora introducidas aclaran el espinoso asunto de la tutela judicial, aunque a juzgar por las declaraciones de la ministra de Cultura no habrá intervención previa del juez salvo que la Comisión lo decida. González-Sinde se remitió a la directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial.
Las inesperadas declaraciones realizadas la pasada semana por la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, de que España tendría problemas con su legislación antidescargas cobran ahora sentido. Desde instancias oficiales, se atribuyeron entonces a la desinformación de la comisaria, pero tal vez estuviera más informada de lo que todos pensaban.
