España continúa, como el año pasado, en la 'lista negra' que emite cada año Estados Unidos para alertar sobre los "robos de propiedad intelectual".
La Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) hizo público este dato en su informe anual 'Special 301' (PDF), en el que "insta a España a continuar dando pasos positivos para tratar la 'piratería' en Internet".
Este informe proporciona al país "un medio para comunicar sus preocupaciones sobre la necesidad de proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual", explica la nota de prensa.
En concreto, la USTR afirma continuar preocupada por la "particularmente significativa 'piratería' en España" y, además, "insta con insistencia a una rápida y efectiva medida para solucionar este asunto".
"El gobierno español no ha corregido las partes de la circular de la Fiscalía General del Estado de 2006 que parece despenalizar el intercambio 'ilegal' de archivos utilizando redes 'peer to peer', de forma que contribuye a crear la percepción equivocada en España de que tal actividad es legal" continúa el informe. Esta circular "excluye del ámbito de la represión penal" las conductas en las que el ánimo de lucro "no concurra".
"El marco de trabajo legal existente en España no ha llevado a la cooperación entre los proveedores de Internet y los poseedores de derechos de propiedad intelectual para reducir la 'piratería' en línea", afirma el informe. De hecho, destaca que los poseedores de derechos de propiedad intelectual "denuncian una incapacidad para conseguir la información necesaria para iniciar procedimientos criminales contra los 'infractores' de estos derechos".
Además, también consideran algo negativo que el sistema legal español "generalmente no conlleva penas por la infracción de la propiedad intelectual".
Aún así, se muestran "alentados" por los "recientes desarrollos positivos en España, incluido el establecimiento de una comisión interministerial con el mandato de proponer cambios en la ley y políticas que reforzarán los esfuerzos para reducir la 'piratería' en Internet".
Debido a esto, España se encuentra en la lista de vigilancia, aunque no en la 'prioritaria', junto a países como Bolivia, Brasil, Finlandia, Grecia o Italia.
Para elaborar el informe la USTR evalúa distintos factores como el nivel de desarrollo del país, sus obligaciones y compromisos internacionales, las preocupaciones de los poseedores de derechos de propiedad intelectual y las políticas de comercio e inversión de Estados Unidos.
La lucha contra "el 'robo' de propiedad intelectual en los mercados extranjeros" es algo "crítico" para los aproximadamente "18 millones de norteamericanos" que trabajan en compañías relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.
La Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) hizo público este dato en su informe anual 'Special 301' (PDF), en el que "insta a España a continuar dando pasos positivos para tratar la 'piratería' en Internet".
Este informe proporciona al país "un medio para comunicar sus preocupaciones sobre la necesidad de proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual", explica la nota de prensa.
En concreto, la USTR afirma continuar preocupada por la "particularmente significativa 'piratería' en España" y, además, "insta con insistencia a una rápida y efectiva medida para solucionar este asunto".
"El gobierno español no ha corregido las partes de la circular de la Fiscalía General del Estado de 2006 que parece despenalizar el intercambio 'ilegal' de archivos utilizando redes 'peer to peer', de forma que contribuye a crear la percepción equivocada en España de que tal actividad es legal" continúa el informe. Esta circular "excluye del ámbito de la represión penal" las conductas en las que el ánimo de lucro "no concurra".
"El marco de trabajo legal existente en España no ha llevado a la cooperación entre los proveedores de Internet y los poseedores de derechos de propiedad intelectual para reducir la 'piratería' en línea", afirma el informe. De hecho, destaca que los poseedores de derechos de propiedad intelectual "denuncian una incapacidad para conseguir la información necesaria para iniciar procedimientos criminales contra los 'infractores' de estos derechos".
Además, también consideran algo negativo que el sistema legal español "generalmente no conlleva penas por la infracción de la propiedad intelectual".
Aún así, se muestran "alentados" por los "recientes desarrollos positivos en España, incluido el establecimiento de una comisión interministerial con el mandato de proponer cambios en la ley y políticas que reforzarán los esfuerzos para reducir la 'piratería' en Internet".
Debido a esto, España se encuentra en la lista de vigilancia, aunque no en la 'prioritaria', junto a países como Bolivia, Brasil, Finlandia, Grecia o Italia.
Para elaborar el informe la USTR evalúa distintos factores como el nivel de desarrollo del país, sus obligaciones y compromisos internacionales, las preocupaciones de los poseedores de derechos de propiedad intelectual y las políticas de comercio e inversión de Estados Unidos.
La lucha contra "el 'robo' de propiedad intelectual en los mercados extranjeros" es algo "crítico" para los aproximadamente "18 millones de norteamericanos" que trabajan en compañías relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.
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