Juicio a las reglas de Internet

viernes, 26 de febrero de 2010

La condena a tres ejecutivos de Google a causa de un vídeo colgado en 2006 por unos usuarios italianos en sus servidores, que mostraba una serie de abusos a un menor discapacitado, ha sido vista como una amenaza seria al modelo de negocio no sólo de esa empresa, sino de cualquier proveedor de servicios interactivos en Internet. Llega, además, en un momento en que la empresa se ve acosada por demandas de supuesto poder monopolístico, y cuando trata de definir cuál es su modelo de negocio, que debe aplicar a países distintos con legislaciones diferentes. Ahora le estalla otra polémica en las manos: ¿dónde empieza y termina la responsabilidad de una web que aloja contenidos, y hace negocios con ellos mediante la publicidad, si estos resultan delictivos? Otro asunto puesto sobre la mesa es la diligencia de Google a la hora de interceptar contenidos ofensivos. Igual que veta con cierta eficacia los vídeos pornográficos, ¿no tiene forma de detectar los de actos de violencia?

La justicia italiana pone en cuestión la práctica sobre la que se cimienta el negocio mismo de Google: dejar libertad a los usuarios y retirar aquel contenido que viole la ley sólo a posteriori, cuando sea detectado. Ahora, con su sentencia, el juez Oscar Magi acusa a Google de controlar demasiado poco. Paradójicamente, una demanda presentada la semana pasada en los juzgados de California acusa a la compañía de lo contrario, de controlar demasiada información, por el accidentado lanzamiento de su red social Google Buzz, a través de la que se difundió información personal de una forma que muchos usuarios consideraron excesiva.

Google tiene muchos frentes abiertos. Pero,con su sentencia, el juez ha llegado más lejos que ninguno de sus detractores: a sentar en el banquillo y condenar a David Drummond, jefe de la oficina legal de Google; a Peter Fleischer, abogado especializado en legislación internacional sobre privacidad, y a George Reyes, que fue jefe de la oficina financiera de la compañía y que no trabaja en ella desde 2008. Ninguno de ellos deberá ir a prisión por ser su primera condena en Italia y porque la sentencia es inferior a tres años.

De la decisión de Magi se desprende que la empresa proveedora de servicios de Internet es también responsable última del contenido que se sube a sus servidores. Lo explica uno de los condenados, Peter Fleischer, en su blog: "Si a los empleados como yo se les atribuye la responsabilidad criminal de cualquier vídeo colgado en cualquier plataforma de vídeo, cuando nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con el vídeo en cuestión, entonces nuestra responsabilidad es ilimitada".

Hasta ahora Google se definía como un medio de difusión. Permitía a sus usuarios que se expresaran con libertad en blogs, portales de vídeo y redes sociales. Según el juez Magi, Google dejaría de ser una herramienta para el uso de los internautas y pasaría a ser un medio de comunicación al uso, obligado a tener una política editorial y responsable ante las legislaciones de todos y cada uno de los países donde hace negocios, desde EE UU a China.

La fiscalía alegó en el juicio que el clip estuvo en los servidores de Google Video, al alcance de los internautas, durante dos meses, en los que logró 5.500 visitas y más de 800 comentarios de usuarios. Google explicó que no supo que estaba allí hasta que le informó de ello la policía italiana. Al recibir la notificación, lo retiró en menos de dos horas. El fiscal italiano Alfredo Robledo se declaró "muy satisfecho" con la condena. "Hemos defendido con fuerza que el derecho a hacer negocios no prevalezca nunca sobre los derechos humanos", dijo. "En este juicio no se juzgaba la libertad de Internet, como ha dicho alguna gente. Al contrario, por primera vez en Italia ha habido un debate sobre los derechos individuales en la sociedad actual".

La doctrina sentada en Milán contrasta con la legislación vigente a ambos lados del Atlántico. En EE UU, la Ley de Decencia en las Comunicaciones, de 1996, establece que "ni el proveedor ni el usuario de un servicio informático interactivo será considerado editor o emisor de información alguna de la que sea autor otro proveedor de contenido e información". En la Unión Europea existe una directiva de 2000 sobre servicios de la sociedad de la información, que establece que un "prestador de servicios" online estará exento de responsabilidad civil o criminal "cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto requiere, entre otras cosas, que no modifique los datos que transmite".

Google, que ha anunciado una apelación, ha presentado el asunto de otra forma: sus portavoces han dicho que prefieren retirarse del negocio de Internet antes que convertirse en una policía cibernética. En su blog corporativo, Matt Sucherman, vicepresidente de la firma defiende que "si se hace responsables a sitios como Blogger, YouTube y a cada red social y cada tablón de anuncios de cada pieza de información que se publica a través de ellos -cada texto, cada foto, cada archivo, cada vídeo- la Red, tal y como la conocemos, dejará de existir".

Lo mismo ha defendido la inmensa mayoría de instituciones, públicas y privadas de EE UU, sede de la empresa. La Embajada estadounidense en Roma difundió ayer una nota en la que critica la decisión y asegura, citando a la Secretaría de Estado, que "el principio fundamental de la libertad en Internet es vital para las democracias que valoran la libertad de expresión". El diario The Los Angeles Times, en un duro editorial, reprobaba al juez y le decía que "la lección adecuada habría sido que Internet da un gran poder a la ciudadanía, y que aquellos que abusen de él deben cargar con la responsabilidad".

"En este caso no se ha llevado a la empresa, en general, a juicio, sino a unos empleados. Y a tres de ellos se les ha condenado a cárcel. Eso es muy preocupante. De ese modo, ni una empresa como Google ni sus empleados podrían hacer negocios de forma libre en todos los países en los que opera. Debería examinar minuciosamente todo el contenido de sus usuarios y aprobarlo previamente, de acuerdo con las leyes de cada país", explica Timothy B. Lee, analista en el Instituto Cato.

Esa condena es similar a llevar a juicio a un cartero por entregar una carta con contenido delictivo, afirma Richard Thomas, que fue comisario de Información independiente del Gobierno de Reino Unido entre 2002 y 2009, y que investigó numerosos casos de posible violación de privacidad en Internet por parte de empresas como Google. "Considero la sentencia ridícula", explica. "Éste es un ejemplo de cómo llevar demasiado lejos las leyes que protegen la privacidad de los usuarios. La privacidad no es algo absoluto, es ilógico aplicar la legislación criminal de este modo, en contra de tres personas que no tuvieron nada que ver en la creación de ese vídeo".

El frente italiano se une a una demanda colectiva en un sentido totalmente opuesto, presentada la semana pasada en EE UU por Eva Hibnick, de 24 años, estudiante de derecho en la Universidad de Harvard, en contra de la red social de Google Buzz. Pocas empresas guardan tanta información de un usuario como Google. El hecho de que usara parte de esa información para crear una red social al estilo de Facebook, erigida sobre el correo electrónico de Gmail, le ha acarreado la demanda.

El 9 de febrero Google incluyó Buzz en la bandeja de entrada de Gmail. Era una red social en la que compartir pensamientos, conversaciones, imágenes y demás contenidos al estilo de Facebook y Twitter. Para muchos críticos, al integrarla en su correo electrónico, Google violó la santidad de la bandeja de entrada de Gmail. Y no se detuvo ahí: permitió a sus usuarios crear un perfil público en el que, sin darse cuenta, muchos incluyeron una lista de personas con las que se intercambian correos y mensajes de chat con más frecuencia. "Sentí que Google había penetrado en lo más íntimo de las comunicaciones de una persona", explica Hibnick, autora de la demanda en representación de los 31 millones de usuarios que asegura que tiene Gmail en Estados Unidos.

"El problema es que se lanzó una aplicación, incrustada en Gmail, con un interfaz difícil de comprender. Aparte de las graves implicaciones legales que conlleva publicar esas listas de seguidores. Si el usuario es un médico, se puede revelar quiénes son sus pacientes. Si es un periodista, sus fuentes. Es peligroso", dice Kurt Opsahl, abogado en la Fundación Frontera Electrónica de California.

Google ya ha presentado dos grandes rondas de modificaciones a Buzz, que han solucionado el problema de la publicación involuntaria de las listas de contactos más frecuentes. "El problema es que, involuntariamente, algunos usuarios configuraron las listas de seguidores y personas a las que seguían y aceptaron publicarlas, por lo que reconocemos que no lo hicimos del todo bien en el primer momento, algo que ya hemos solucionado de acuerdo con las peticiones de los usuarios", explica Victoria Katsarou, portavoz de Google. "Nuestra intención es mejorar el producto al máximo y utilizamos los comentarios de los usuarios para ello".

El problema, sin embargo, para muchos críticos de Google es que la compañía es experta, precisamente, en eso: en lanzar un producto de forma apresurada y modificarlo de modo que se adapte a las quejas de los usuarios. "Lo hacen de modo que el daño, desde el principio, ya está hecho. Han ganado un gran terreno y luego sólo tienen que ceder un poco, no mucho", afirma Scott Cleland, analista y autor del blog crítico GoogleMonitor. "Suelen traspasar los límites para ver hasta dónde se puede llegar".

Jane Horvath, asesora legal sobre privacidad del consejo de administración de Google, lo niega: "Absolutamente, no. Uno de los principales cometidos de Google es mejorar y poner en marcha productos de forma rápida, y creemos en que los productos se lancen de forma rápida, para añadir más opciones de acuerdo con los comentarios de nuestros usuarios. La transparencia y el control por parte del usuario son prioritarios para nosotros".

Google nació en 1998 para indexar la Red. Revolucionó el medio. A lo largo de los años ha ido creciendo, se ha diversificado, ha tocado la telefonía, el vídeo y el correo electrónico. Ha llegado a todas las partes del globo y ha intentado funcionar con las imposiciones de censura de regímenes como el chino, pero ha desistido pronto. En este proceso de expansión debe definir qué tipo de empresa es y hasta qué punto deja libertad de operación a sus propios usuarios.

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