Revisar el canon digital y limitar el papel de las entidades de gestión de derechos de autor en un contexto tecnológico que permite nuevos modelos de negocio han sido los mensajes de los comparecientes citados hoy ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados. Representantes del sector tecnológico, de los consumidores, de las radios y de los hoteleros, así como expertos en Internet y en protección de datos han expuesto ante la subcomisión sus peticiones para modificar la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.
Después de la tercera y última jornada de comparecencias, la Subcomisión que estudia la pertinencia de modificar la Ley de Propiedad Intelectual vigente deberá elaborar un documento de conclusiones -consensuadas o de cada grupo político- que confía tener preparado a finales de mes.
Esas conclusiones deberán ser aprobadas por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para su posterior elevación al Gobierno, que podrá o no tenerlas en cuenta, ya que no son preceptivas. Desde la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) consideran que la protección de la propiedad intelectual en Internet pasa por proteger electrónicamente los contenidos digitales y por desarrollar nuevas fórmulas de explotación de los mismos, pero no por establecer cánones. En el caso de que esas soluciones fallen, AETIC propone que sea la Justicia quien condene de forma "ágil e implacable" a aquel que explote contenidos ajenos.
La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) también ha defendido el protagonismo de la Justicia a la hora de actuar contra la piratería y ha pedido que se rebaje el importe del canon digital porque resta competitividad. Por su parte, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido una revisión total del canon digital y una mayor transparencia por parte de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor. En ese sentido, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha sostenido que es necesaria una reforma urgente de la Ley que termine con los poderes "absolutamente excesivos" de las entidades de gestión de derechos de autor. Desde AERC han solicitado que se modifique el "estatus monopolístico" de esas entidades, así como la manera en la que administran sus repertorio.
La Federación Española de Hostelería se ha sumado a esa petición y ha exigido un "tope equitativo, razonable y responsable" de las tarifas impuestas por las entidades de gestión. El profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans ha augurado que las descargas ilegales a través de la red disminuirán cuando el mercado ofrezca alternativas, algo que no ocurrirá mientras esas entidades de gestión "sigan lastrándolo". Ha insistido Dans en que las descargas son sólo un problema "coyuntural", toda vez que "los artistas ganan más dinero que antes, la difusión de la cultura es mucho mayor y los únicos que están perdiendo dinero son intermediarios, que lógicamente si no redefinen su papel ya no tienen demasiado que hacer en la sociedad de la información".
La Agencia de Protección de Datos ha sugerido que los datos que se pidan a las operadoras de Internet para castigar la piratería sean "los estrictamente necesarios" para identificar a los responsables de páginas de descargas con ánimo de lucro. La actual legislación en materia de protección de datos permite que las operadoras de Internet faciliten, por requerimiento judicial, la identidad de las personas jurídicas que se encuentran tras páginas web que se lucran con las descargas ilegales, pero no la de usuarios particulares.
La directora de Relaciones Institucionales de Google España, Bárbara Navarro, ha defendido que la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) incluya más "excepciones" al pago de derechos de autor. Antes de comparecer ante la subcomisión que estudia la reforma de la LPI, Navarro ha declarado que la directiva comunitaria permite "ampliar el margen de excepciones", entre las que mencionó la cita, la parodia y la digitalización con fines divulgativos. "Hay que defender los derechos de propiedad intelectual, pero también desarrollar la nueva ventana de explotación que es Internet. Hace falta una regulación equilibrada de esos derechos que permita el desarrollo de nuevos modelos de negocio y creemos que hay que trabajar sobre nuevas excepciones", ha dicho.
Para Google, es importante que salga del Parlamento una ley de propiedad intelectual "consistente, fuerte y de futuro", lo mismo que cree que debe conseguirse con la regulación de los derechos de autor en la Ley de Economía Sostenible.
Chrome y su protecto de código abierto Chromium han subido un tanto la recompena. También es de 500 dólares pero, según la importancia del mismo, puede llegar a 1.337 dólares, una cifra que no es aleatoria. Es un guiño a los informáticos ya que este número identifica el leet, un lenguaje utilizado en los caracteres alfanumércios ASCII. Google también entra en muchos detalles sobre el acceso a la recompensa. Advierte que no se trata de una competición y que no podrán retribuir a los residentes en países que estén sometidos a leyes restrictivas de exportación por parte de Estados Unidos. "No podemos premiar a menores, pero seremos felices si un adulto te representa". Al presentar la propuesta, elogia la colaboración de la comunidad de desarrolladores en la mejora de la seguridad del navegador. En ambos casos se trata de proyectos de código abierto, no propietario, accesible a la comunidad de desarrolladores
