Las declaraciones de la ministra se producen después que este martes se conociera el dictamen (pdf)de la abogada general del Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo, Verica Trstenjak, según el cual el canon por copia privada que se aplica en España sólo debería gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas. Trstenjak afirma que este tipo de gravamen no puede aplicarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada. Aiunque falta el pronunciamiento del tribunal, la postura de la abogada general se refleja en un 90% de las ocasiones en la sentencia final del tribunal.
Trstenjak ha emitido este dictamen al hilo de un caso que enfrenta a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entidad española de gestión de los derechos de propiedad intelectual, contra la sociedad PADAWAN, que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico, entre otros CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3. La SGAE reclama a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada de más de 16.000 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.
El núcleo del problema reside en que España cobra el canon digital a los soportes de almacenamiento sin atender a si el comprador lo empleará para conservar copias privadas de obras sujetas a derechos o lo empleará para otros menesteres. Un caso claro, por ejemplo, es el de la Administración de Justicia que los emplea para archivar documentos judiciales.
Según Trstenjak, cualquiera que sea el sistema empleado por cada Estado miembro para determinar la compensación equitativa, "debe respetar un justo equilibrio entre los afectados, es decir, por una parte los titulares de derechos de propiedad intelectual afectados por la excepción de copia privada, acreedores de dicha compensación, y, por otra, los obligados directa o indirectamente al pago".
Las asociaciones de internautas españolas ya han anunciado que pedirán la revisión del canon digital durante el debate de la Ley de Economía Sostenible.
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