El Gobierno español (como no) ha dado un paso atrás en su intención de impulsar una legislación comunitaria que regule la actividad de los buscadores como Google o Yahoo y abra la puerta a que estos "intermediarios de Internet" paguen un peaje por el uso de las redes, tal y como reclaman los operadores de telefonía.
Ese planteamiento inspiraba el documento original de "Estrategia de Granada para una Europa Digital", el informe que va a presentar la presidencia española a finales de abril para sentar los ejes de actuación más importantes a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información en los próximos cinco años (2010- 2015).
Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe, con fecha 29 de enero.
Dicho informe fue remitido a los ministros de telecomunicaciones y de servicios de información de los países de la UE, así como a la Comisión Europea y al Parlamento de Estrasburgo.
Sin embargo, posteriormente, y coincidiendo con la polémica desatada por el presidente de Telefónica, César Alierta, al advertir en una conferencia en Bilbao, el pasado 5 de febrero, que los buscadores debían ser también regulados, y colaborar en el mantenimiento de las redes, el Ministerio de Industria ha suavizado hasta el extremo su propuesta.
Posibles abusos
Así, un segundo documento, con fecha de 24 de febrero, mucho más reducido, se limita a señalar que "las posibles posiciones de abuso que pudiera haber en los diferentes eslabones de la cadena de valor que vayan más allá de las redes de comunicaciones electrónicas, deberán ser estudiadas y, en todo caso, abordadas desde el punto de vista de defensa de la competencia".
El Ministerio de Industria reconoce que remitió el primer documento a los departamentos homólogos de la UE, pero asegura que "el único documento válido es el del 24 de febrero", según fuentes del departamento. El informe servirá de base a la cumbre de ministros de Telecomunicaciones que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de abril en Granada.
El capítulo más jugoso de ese documento de enero es el que se refiere a la neutralidad de la red, un principio fundacional de Internet que afirma que la Red ha de tratar por igual todo el tráfico que circula por ella, y que los operadores no pueden discriminar a ningún proveedor de contenidos, según sus intereses.
Así, en el documento de enero, se indicaba que mientras que el marco regulatorio garantiza suficientemente la competencia en el mercado de redes y servicios de telecomunicaciones, "puede ser insuficiente para garantizar la competencia en los servicios de información", en el que los proveedores con poder significativo de mercado pueden aprovechar su fortaleza en sus respectivos campos para hacerse con el negocio de las compañías de telecomunicaciones.
De esta forma, se recogía exactamente la reivindicación que hacen operadoras como Telefónica. El descontento se centra sobre todo en Google, a quien acusan de aprovechar su dominio en el mercado publicitario online gracias a su buscador, que concentra el 90% de las búsquedas en Internet en Europa, para ofrecer servicios gratuitos como la navegación GPS o las llamadas telefónicas por Internet.
En ese sentido, el documento indicaba que hay que prestar especial atención a los que denomina "intermediarios de Internet", entre los que incluye a "portales, buscadores, proveedores de servicios de alojamiento (hosting) o servicios de computación en la nube (cloud computing)".
Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.
Consecuentemente, se pedía un cambio regulatorio para permitir a estos operadores desarrollar modelos de negocio similares a los que emplean las empresas, y conseguir ingresos de esos contenidos para financiar el despliegue de nuevas redes, reduciendo así las necesidades de ayudas públicas. "Obviamente, esta aproximación tiene que venir acompañada con un aumento de las medidas que garanticen la efectiva competencia en la provisión de servicios de comunicación", precisa
No obstante, en el documento de febrero, "por ahora definitivo" (según Industria), se ha quitado toda referencia concreta a las ventajas competitivas de los intermediarios de Internet, y se limita a pedir que se asegure "la competencia efectiva en el mercado convergente de redes, servicios y aplicaciones, que pueda exceder el ámbito de las comunicaciones electrónicas", y a "fomentar la inversión eficiente y la innovación en todos los elementos de la cadena de provisión de servicios".
De la necesidad de crear una regulación específica para buscadores y portales, se ha quedado sólo un ambiguo párrafo: "El nuevo marco regulatorio se centra en las redes por lo que quizás no tenga en cuenta el conjunto de implicaciones sobre la inversión, la innovación y el beneficio para los ciudadanos".
Esta dulcificación de la postura inicial española, alimenta aún más la polémica si se tiene en cuenta que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, apoyó públicamente la propuesta de Alierta, primero en el Congreso Mundial de Móvil celebrado en Barcelona en febrero y, posteriormente, en la última reunión sectorial de ministros que tuvo lugar en Bruselas.
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