Las espadas de los internautas siguen en alto. Y seguirán bien levantadas si el Gobierno no retira la polémica ley antidescargas, que otorga a una autoridad administrativa la iniciativa para cerrar las páginas web que vulneran la propiedad intelectual, eso sí, bajo tutela judicial. Ayer se presentó RedSOStenible.net, una campaña-manifiesto (y ya van tres), que aglutina a los internautas contrarios a esta medida.
"Ésta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles", aseguró el periodista Fernando Berlín, creador de RadioCable y uno de los promotores, durante la presentación. Le respaldaban bloggers, empresarios, activistas y las asociaciones de Usuarios de Internet (AUI) y de Internautas (AI), que forman parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
El empresario Julio Alonso,
fundador de Weblogs, considera que la medida "impacta en gente muy diferente. No todos defienden la cultura gratis o las campañas de desobediencia, pero sí estamos todos de acuerdo, desde los antisistema hasta los empresarios, en que tiene que ser un juez el que decida si se vulnera o no la propiedad intelectual. Y esto no está en el nuevo redactado". Alonso cree positiva la nueva iniciativa, en la que no ha participado directamente, porque hay dos asignaturas pendientes que resolver. Por un lado, concienciar a la ciudadanía de que "esto no va de descargas legales sino de derechos civiles". Por otro, "hacer lobby de presión".
El pasado viernes el Consejo de Ministros daba luz verde al "procedimiento mixto administrativo-judicial", para cerrar un "centenar de webs de descargas ilegales", según la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, quién aseguró que "la última palabra la tendrá un juez".
RedSOStenible.net empezó a cocerse online ese día, aunque terminó organizándose una reunión para la jornada siguiente en Madrid. "Éramos unos 70 u 80, un amplio espectro de las voces de Internet. Llegamos a dos conclusiones: unificar esfuerzos y elaborar una estrategia de oposición". El objetivo es tumbar la propuesta porque "viola derechos constitucionales, entre otras muchas cosas", explica Victor Domingo, presidente de la AI.
Dos días después, el pasado lunes, el Gobierno difundía el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición adicional primera se regula el cierre de webs. Ahora, el documento será analizado por diferentes órganos consultivos, incluido el Consejo de Estado, antes de llegar al Parlamento.
"Es muy fuerte la redacción actual porque quita a los jueces la decisión sobre la infracción de la propiedad intelectual en la Red. También es aberrante que una comisión de Cultura decida qué es legal o ilegal en Internet. La Administración nunca puede decidir sobre los conflictos entre particulares. Éstos los resuelve la Justicia, que para esto está", opina el abogado Javier de la Cueva".
Miquel Peguera, profesor de derecho en la UOC, coincide: "El Gobierno ha introducido un parche: preguntará a un juez si el cierre afecta o no a la libertad de expresión, y éste decidirá tras un careo entre las partes. Si decide que no afecta, se procederá al cierre acordado por la Administración. Ésta es la novedad, pero el juez no valorará si la página vulnera la propiedad intelectual".
El objetivo del Gobierno es el cierre de las webs que enlazan a contenidos protegidos. Hasta ahora, los titulares de derechos trataban de lograrlo en los tribunales, pero los jueces los denegaban porque un simple enlace no reproduce, ni distribuye, ni transforma ni comunica públicamente una obra, los cuatro derechos de explotación reservados al autor en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Ahora se quiere establecer un procedimiento administrativo, "pero no se reforma la LPI en materia de infracciones, de modo que el enlace seguirá sin constituir una vulneración de la LPI. Cuando la Comisión analice estos casos tendría que llegar a la misma conclusión que los jueces: denegar el cierre", dice Peguera.
En su opinión, "si no se modifica la LPI, por ejemplo introduciendo el concepto de contribución a la infracción, la reforma no tiene sentido. Tampoco tiene demasiada lógica que dos representantes de las entidades de gestión afectadas formen parte de la comisión. Parece muy anómalo que una parte interesada forme parte del órgano que debe decidir".
Ricardo Gallí, creador de Menéame, concluye: "Modificar tantas leyes, incluso una orgánica, para perseguir 100 ó 200 webs es ridículo. O nos están mintiendo o la ministra es idiota". Respecto al nuevo manifiesto, considera "un error mezclar la defensa de las libertades con temas de modelo de negocio. No tenemos que decir a la industria cultural lo que debe hacer".
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