Los italianos tampoco están satisfechos con un canon que grava televisores, ordenadores, móviles y cualquier aparato que permita recibir la señal de la RAI, impuesto dicen, para financiar la cadena pública.
El polémico y prehistórico decreto, nada menos que de 1938, cuyo cumplimiento se persigue hasta con inspecciones a domicilio, grava la posesión de un televisor o “todos los aparatos adaptados o adaptables a la recepción de radio audiciones”, ya sea analógica, digital o por Internet.
Cansados de este absurdo canon los ciudadanos se han empezado a movilizar y desde el portal del periódico La Repubblica se ha organizado una petición para exigir el fin del canon de la RAI, en un momento de pre-campaña electoral.
Giovanni Valentini, un prestigioso periodista del diario, afirmó que “es necesario redefinir la identidad de la RAI, su papel y su función institucional”, asegurando la “credibilidad del servicio público liberándola de la doble esclavitud de la política y de la publicidad”.
Y en España cuidado, que viendo la situación financiera de la RTVE, cualquier séneca es capaz de inventarse algo similar.
Juan Ranchal
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