La iluminación LED se impondrá en los televisores en 2011

La demanda de los usuarios de más calidad de imagen y menos consumo energético impulsará el mercado de las televisiones que utilizan diodos emisores de luz (LED) en los próximos cuatro años hasta alcanzar un total de 112 millones de unidades, un 83,2% de cuota de mercado en el año 2013. Se prevé que los envíos mundiales de televisiones LCD con retroiluminación LED, de 40 pulgadas en adelante, alcance los 112 millones de unidades en 2013, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 405 por ciento respecto a las 34.000 unidades comercializadas en 2008.
Según el estudio de iSuppli, en tamaños superiores a 40 pulgadas las ventas de televisores con tecnología LED superarán a las televisiones LCD tradicionales iluminados mediante lámparas fluorescentes ya en 2011. "Las empresas de paneles han estado invirtiendo fuertemente en los empresas que fabrican 'chipsets' LED o han estado desarrollando sus propias tecnologías internas. La diferenciación, la innovación, el bajo consumo de energía y, por supuesto, la posibilidad de obtener mayores beneficios", son los alicientes afirma Riddhi Patel, principal analista de sistemas de televisión de iSuppli.
Hay algunos factores, sin embargo, que pueden lastrar el desarrollo de la tecnología LED. El coste de la tecnología sigue siendo demasiado alto para el consumo doméstico masivo. Los televisores que utilizan LED tienen, hoy por hoy, un precio mucho más elevado que una televisión estándar LCD. Otros desafíos son una oferta insuficiente, fragmentación de la cadena de suministro, la vida útil de los LED y problemas de temperatura. Por otra parte los LED tienen, según iSuppli, un as en la manga: las políticas de los gobiernos cada vez más estrictas están obligando a los fabricantes de televisión a cambiar a tecnologías respetuosas del medio ambiente que consumen menos electricidad, sobre todo en las televisiones de tamaño más grande.

Así se cierra una 'web' de descargas

Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las webs en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

El Ejecutivo confirmó ayer que el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 8, estudiará la fórmula que desarrollará la normativa "antipiratería" contenida en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorización judicial muy rápido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, más garantista, en el que los responsables de las páginas podrán hacer alegaciones, proceso éste que puede prolongarse hasta tres meses.

En todo el procedimiento, el órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.

El proceso para el bloqueo de una web se iniciará precisamente cuando estos propietarios de derechos -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- denuncien ante la Comisión a la página que presuntamente está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, ya sea una película, un álbum musical o un videojuego. La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos. Acto seguido notificará a la web la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.

Si no hay rectificación, entonces -y sólo entonces- la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en "la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos" en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet (Telefónica, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel, etcétera).

El juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo. Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

La salomónica fórmula elegida por el Gobierno intenta contentar a todas las partes. A la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas; y a la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa. De paso, haría realidad la promesa del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de que "no se cerrará ninguna web sin decisión judicial".

El primer problema que plantea esta solución es el procedimiento. El Ejecutivo entiende que no es preciso modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, en el que se fijen los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Ésta es una de las principales dudas que plantea el proyecto entre juristas y expertos de Internet. "No es suficiente con que las garantías para las webs vayan en un reglamento; deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economía Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Además, ¿quién dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantías de tutela judicial?", señala Julio Alonso, director general de Weblogs.

Mr. Bean tumba la web oficial de la presidencia española de la UE

Un grupo desconocido ha aprovechado un agujero de seguridad Cross-site-scripting (XSS) del portal oficial de la presidencia española de la Unión Europea para presentar la imagen del personaje de humor británico a través de los buscadores que han indexado la URL con la vulnerabilidad. No ha habido “hackeo” al servidor de la web de la presidencia del gobierno como erróneamente han difundido algunos medios, pero el descrédito para los desarrolladores de la web y el cachondeo hacia la presidencia española que se ha montado en torno a este tema, es notable. Además, la avalancha de visitas para intentar ver a Zapatero convertido en Mr. Bean ha tumbado el portal durante horas.

Parece que al menos, humor no va a faltar en los seis meses de turno de presidencia europea que corresponde a España, aunque cuando sepas que nos hemos gastado (o nos vamos a gastar) 2.000 millones de las antiguas pesetas para evitar este tipo de cosas, quizá se te quite la sonrisa de la boca, ya que hemos pagado, o pagaremos (no está claro) a Telefónica y Telefónica Móviles un total de 11,9 millones de euros “por prestar asistencia técnica y seguridad a la web de la presidencia española”.

Y no, el portal web de la presidencia de la UE no ha sido alterado por ningún intruso, ya que la imagen mostrada en el engaño ha sido cargada desde un servidor remoto, pero la vulnerabilidad del código está confirmada y el ataque podría haber sido de gravedad.

Además, el portal ha estado caído durante una buena parte del día, no sabemos si comprobando y solucionando más vulnerabilidades o con el servidor saturado por el alto número de visitas. Y es que el fantástico personaje de humor británico (que sí se da un aire al presidente Zapatero) es único para conseguir visitas.

Las 'webs' de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial

El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

Este modelo de la autorización judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que dañan la reputación de una persona o una entidad. En ambos casos, la petición proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un interés legítimo, entre otros.

Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, añadiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente.

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitiría a la Comisión pedir medidas cautelares rápidas con una autorización judicial previa, aunque tanto la Comisión como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicción ordinaria. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será "brevísimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", según fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que "no se cerrará ninguna web" sin que lo decidiera un juez.

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.

Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Fue en esa disposición en la que el Ejecutivo modificó la LSSI equiparando la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La disposición también modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisión de Propiedad Intelectual, una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.

El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.

Blu-ray pasará de 25 GB por capa a 33,4 GB

Según parece Sony y Panasonic están desarrollando una nueva tecnología llamada i-MLSE que permitirá que los discos Blu-ray puedan almacenar un 33% más de datos por capa.

En teoría la mayor capacidad de almacenamiento ha sido posible gracias a un nuevo sistema de procesamiento de señal, y lo más interesante es que los lectores actuales serán capaces de reconocer y reproducir los nuevos discos debido a que se utiliza la misma óptica.

El problema hasta la fecha había sido que el uso de PRML como sistema de medición de errores dificultaba la evaluación del nuevo formato. Según Sony, en grabaciones de alta densidad como es 33,4 GB la relación entre la tasa de errores y jitter se colapsa haciendo extremadamente dificil evaluar el jitter.

Sony y Panasonic Corp. han resuelto el problema desarrollando el nuevo índice de evaluación i-MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation).

Placa base EVGA para doble Core i7

La compañía estadounidense prepara la placa base más potente del mercado de consumo al incluir doble zócalo LGA-1366 para acoger dos microprocesadores Intel Core i7. Será presentada oficialmente en el CES y no será barata, enfocada a los equipos más exclusivos de gama entusiasta.

Auténtico pepino el que preparan en EVGA, compañía especializada en placas base y tarjetas gráficas de gama alta que traerá al mercado de consumo un diseño más propio de estaciones de trabajo profesionales y servidores.

Esta plaza base no sólo podrá acoger dos microprocesadores Core i7 o Xeon 5500 para ocho núcleos y 16 hilos totales de procesamiento nativo sino que cada uno contará con la correspondiente controladora para gestionar una capacidad de memoria nunca vista en la gama de consumo con sus 12 slots para DDR3 en triple canal.

La imagen de la placa no muestra las ranuras disponibles PCIe pero conociendo a la compañía es seguro el soporte para cuádruple tarjeta gráfica. El esperado soporte para SATA-III y USB 3.0 sería la guinda para una de las placas más avanzadas del mercado. Confirmaremos en el CES 2010.

ESENCIA DE TECNOLOGÍA OS DESEA FELIZ NAVIDAD

A mis amigos, a mis compañeros y a todo bloguero que quiera estar un poco informado en tecnología, OS DESEO FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.

NOS VEMOS EL AÑO QUE VIENE.

UN ABRAZO