La Audiencia Nacional anula la multa a la SGAE por grabar bodas sin permiso

La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 60.101 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por grabar una boda sin permiso en Sevilla, pues los datos no fueron incorporados a ningún fichero, que es el aspecto protegido por ley.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, anula la sanción impuesta a la SGAE, que con objeto de cobrar derechos de autor contrató a un detective que se coló en una boda celebrada en julio de 2005 en el salón La Doma de San Juan de Aznalfarache y grabó a los asistentes bailando al ritmo de canciones protegidas.

Dice la Audiencia Nacional que los datos así recogidos se aportaron a la causa judicial pero no a un fichero que estuviese "organizado o estructurado con arreglo a determinados criterios que permitan el tratamiento de los datos". "Sólo cuando estas dos circunstancias se dan -fichero de datos personales y posibilidad de tratamiento- la ley despliega sus efectos protectores", dice la Sección Primera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Por ello, entienden los jueces que en el presente caso la conducta de la SGAE "no tiene encaje" en la ley de protección de datos de carácter personal "y por lo tanto no es susceptible de sanción alguna, ya que falta el elemento esencial del fichero".

La sentencia, que lleva fecha del pasado 22 de abril, explica que "los datos personales de la denunciante, en concreto su imagen, no fueron recogidos con intención de ser incorporados a un fichero estructurado que permitiera posteriores tratamientos".

Los jueces, sin embargo, consideran que la conducta de la SGAE pudo vulnerar el derecho a la intimidad personal de los contrayentes que garantiza la Constitución, y citan la sentencia del juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que en la demanda de la SGAE contra el salón de bodas declaró ilícito el vídeo del detective por constituir "una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen".

Protección de Datos multó con 60.101 euros a la SGAE por una falta "muy grave", pues la grabación de un acto privado como es una boda requiere "el consentimiento inequívoco del afectado", y por el mismo motivo mantiene abierto al menos otro procedimiento sancionador por otra boda grabada en Sevilla.

Ahora, la Audiencia Nacional razona que, si bien la captación de la imagen de una persona en un vídeo se puede calificar como un procedimiento de recogida de datos, se podría llegar a "situaciones de todo punto absurdas" si "cualquier recogida o uso de datos personales realizado de forma no automatizada constituyese tratamiento de datos en sentido legal". En el caso de la boda sevillana, la imagen contenida en un CD "no fue incorporada a fichero alguno", sino que la SGAE la conservó "con el conjunto de la documentación aportada a un procedimiento judicial, conservación que no supone su inclusión en un archivo estructurado".

Noticia enviada por Duncan Jacques

Pablo Soto: "No soy el héroe de las descargas"

Comienza el juicio contra el creador de varios programas de intercambio de archivos P2P. - Se enfrenta a una indemnización de 13 millones de euros

Pablo Soto, el joven que desarrolló el software de programas de intercambio de archivos P2P como Manolito, Blubster y Piolet, y que llegaron a rivalizar con otros de alcance internacional como eMule, Kazaa o Napster, despierta más expectación en los juzgados que el mismísimo presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

Más de cincuenta periodistas se agolpaban hoy a las puertas del Juzgado número 4 de lo mercantil de Madrid en la céntrica Gran Vía a la espera de la llegada de este joven de 30 años al que la industria discográfica pide 13 millones de euros en compensación por las descargas de las canciones que hicieron los usuarios que utilizaron sus programas.

"No soy el cabeza de turco de nada pero tampoco me siento el héroe de las descargas", dijo Soto en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la sala donde se va a celebrar el juicio. El acusado indicó que estaba tranquilo porque él sólo había desarrollado una herramienta (programas de software) y por tanto no se sentía responsable del uso que se hiciera con ella. "La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún desarrollador de un programa por el uso que le den luego los usuarios".

Soto, vestido de traje pero con deportivas, indicó que "el propósito de la industria discográfica española al solicitarme una indemnización tan alta es simplemente hacerse publicidad, cosa que ya ha conseguido, y de paso lanzar la idea de que utilizar programas para descargarse contenidos de Internet es algo delictivo".

Por su parte Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la patronal de las discográficas que ejerce de acusación, señaló que la demanda se justifica no porque el acusado haya desarrollado sin más programas de software para la descarga de archivos, sino porque "como se demostrará en el juicio el acusado se enriquecía cobrando por esos programas y sus actualizaciones, sabiendo que se utilizaban para descargar contenidos protegidos por derechos de autor".

El juicio que hoy ha dado comienzo y que se prevé largo se produce además cuando el Gobierno tiene entre manos la patata caliente de legislar sobre las descargas de archivos a través de P2P, una vez que las partes en conflicto no se han puesto de acuerdo para sacar adelante una legislación de consenso.

HD 4890 PCS++ con núcleo a 1.010MHz

Powercolor ha sorprendido a más de uno con el próximo lanzamiento de esta tarjeta, en la que han conseguido romper la barrera de 1GHz en el núcleo.

En este modelo, el núcleo funciona a 1.010MHz y tiene 1GB de GDDR5 a 1.100MHz. Este aumento de la velocidad del núcleo ha sido gracias a un reajuste del voltaje, utilizando además un diseño mejorado de PWM, utilizando condensadores de polímero que mantienen bajas temperaturas y un voltaje limpio y estable.


En cuanto al sistema de refrigeración, se basa en un modelo de Zerotherm con cuatro tuberías de calor. Por lo demás, la tarjeta vendrá en dos versiones, normal y edición Battleforge. Pronto estarán disponibles, pero el precio aún no se conoce.

También habrá más ensambladores que monten tarjetas HD 4890 con el núcleo subido a 1GHZ, entre ellas citan la Sapphire HD 4890 Atomic Edition, la XFX ATI Radeon HD 4890 Black Edition y la ASUS EAH4890 Formula Series.

Inno3D lanza su iChill 9800GT

Los fabricantes de tarjetas gráficas intentan contrarrestar la llegada de la Radeon HD 4770 de la mejor manera posible. Y en el caso de Inno3D, usará su mejorada iChill 9800GT para convencer a aquellos usuarios dudosos, o que no quieran esperar a que el proceso de 40 nm ofrezca el rendimiento debido para cubrir la demanda.



Inno3D ha pensado que unas memorias de 0,8 ns y un sistema de disipación contundente pueden ser motivos más que suficientes para torcer la balanza. Por defecto el núcleo gráfico va a 670 MHz y las memorias a 2.200 MHz, que en teoría si poseen el voltaje adecuado, serían capaces de llegar a los 2.500 MHz que marca su especificación.

Lo que no parece que sea buena idea es el uso de la versión de 65 nm del G92, estando ya hace tiempo la versión de 55 nm que consume menos energía y que haría menos necesario el voluminoso (y caro) sistema Freezer X, que puede hacer subir su precio en exceso.

La multa sobre Intel podría encarecer la informática

Pocas horas han transcurrido desde que se hiciera pública la noticia de que la Unión Europea pretende multar a Intel por monopolio con 1.060 millones de euros, y la repercusión no ha dejado indiferente a casi nadie, especialmente a fabricantes y expertos del sector. La decisión adoptada por la Comisión Europea de multar a Intel con mil millones de euros por monopolio, podría afectar a la venta de los equipos, al encarecerse su principal componente, el procesador. Su principal competidor, AMD, insta a que su competidor y actual líder del mercado, modifique sus prácticas de negocio y deje de quebrantar la ley de la Unión Europea, perjudicándoles a ellos y a los consumidores. Dirk Meyer, presidente y CEO de AMD, ha destacado que “la decisión es un paso muy importante hacia el establecimiento de un mercado verdaderamente competitivo”.


El anuncio de Intel de apelar la decisión viene respaldada por las declaraciones vertidas por su CEO, Paul Otellini, el cual destacaba ayer mismo que “nunca vendemos por debajo del coste, y AMD ha sido una victima más de la situación del mercado”. También añade que “la situación de competitividad en un mercado donde sólo existen dos jugadores hace que cuando uno de ellos gane en ventas, el otro pierda cuota de mercado”.

Por su parte, un gran número de expertos americanos, coinciden en sus declaraciones del día después, afirmando que la decisión de la Unión Europea de multar a Intel por leyes antimonopolio es un veredicto sumamente proteccionista.

Jonathan Zuck, presidente en Estados Unidos del grupo de la industria que aboga por la defensa en la libertad de la competencia va más allá, indicando en sus reflexiones que “durante los últimos 20 años, la industria del microprocesador ha llegado a ser uno de los más innovadores, incrementando la velocidad, aportando mayor funcionalidad, y reduciendo los precios”. También añade que “en los últimos 10 años, el precio medio de los procesadores de Intel destinados a los equipos de sobremesa han sufrido un descenso de precios del 60 por ciento, por lo que no tiene mucho sentido culpar a la compañía de prácticas de monopolio".
También hay que añadir la diversificación que han sufrido, ofreciendo ahora un mayor número de núcleos y duplicando sus posibilidades en lo que respecta a arrojar mayores prestaciones por vatio.

Europa multa a Intel con mil millones de euros por monopolio

Intel tendrá que pagar 1.060 millones de euros de multa por, según la Comisión Europea, violar las leyes de la competencia en el mercado de los procesadores para PC.

La multa es muy superior a la impuesta a Microsoft, de 497 millones de dólares por abuso de posición dominante en el mercado del software. Además, la Comisión exige a Intel que deje de realizar sus “prácticas ilegales”.

La investigación europea se ha centrado en las cargas que Intel ha impuesto en los descuentos a los fabricantes de ordenadores como compensación por comprar, en volumen, sus procesadores x86. Además, Intel también ha sido acusada de pagar a los fabricantes de ordenadores por cancelar o retrasar el lanzamiento de máquinas que empleasen los chips de su rival AMD, así como de vender procesadores para servidores a un precio menor a los grandes clientes, como gobiernos y universidades.

Aunque Intel acata la sentencia, el CEO de la compañía, Paul Otellini, ya ha declarado, en un comunicado público, que la decisión es “errónea e ignora la realidad del mercado de microprocesadores, altamente competitivo”, para remarcar que los usuarios “no se han visto perjudicados en ningún momento”.
La multa de 1.060 millones de euros es la mayor que ha puesto la Comisión a lo largo de su historia a una única compañía. Para establecer esta cifra, se ha tenido en cuenta la duración del presunto abuso, la gravedad de las acciones y otras circunstancias.

Según IDC, Intel es el claro dominador del mercado de procesadores en ordenadores personales, con el 81,9 por ciento del negocio a finales de 2008, frente al 17,7 por ciento de cuota de AMD.

Por último, cabe señalar que Europa no es la única región en la que Intel ha tenido que hacer frente a investigaciones por parte de las autoridades regulatorias del mercado. Japón, Corea del Sur o Estados Unidos son otros países donde se investigan estas prácticas.

Francia aprueba la ley que permite cortar la conexión a los internautas

La ley francesa encaminada a luchar contra las descargas descontroladas en Internet ha dado un paso adelante. La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer el texto de esta ley por 299 votos a favor (en su mayor parte de la UMP, el partido en el Gobierno) y 233 en contra, la mayoría, provenientes de la izquierda. Hoy, previsiblemente, el Senado también dará el visto bueno al texto, que quedará listo ya para su entrada en vigor. La ley, muy criticada por los internautas y defendida por buena parte de los músicos y cineastas franceses, prevé el corte de Internet a la persona que efectúe descargas ilegales desde la Red tras varios avisos.

La UE requiere que el cierre sea decretado por una autoridad judicial
La ley especifica que el internauta que sea interceptado descargándose películas o música de forma ilegal recibirá un correo electrónico que servirá de primer aviso. Si el internauta persiste, a los seis meses recibirá en su domicilio una carta certificada conminándole a que abandone la práctica debido a que se arriesga a un corte de Internet. A los seis meses, si el amigo de las descargas ilegales insiste, verá cómo su conexión a Internet queda invalidad por dos meses. Eso no quiere decir que deje de pagar, al contrario. Deberá seguir abonando a las empresas suministradoras.

Esta circunstancia se ha denominado en Francia "la doble pena". En principio, si todo marcha como tiene previsto el Gobierno de Nicolas Sarkozy, los primeros cortes de Internet pueden producirse a principios de 2010.

El recorrido de la ley ha sido muy accidentado y la aprobación de la Asamblea Nacional tampoco blinda al texto contra imprevistos. Uno de ellos es un previsible recurso contra la ley del Partido Socialista francés (PS) ante el Consejo Constitucional.

El 11 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley. El PS se opuso desde el principio, lo que le granjeó (entonces y ahora) una fuerte oposición por parte de parte del mundo de la cultura.

El 9 de abril ocurrió lo inexplicable. En una votación como la celebrada ayer, el texto de la ley fue rechazado debido a que la UMP no contaba, en ese momento, con la mayoría de diputados en la cámara. El PS se apunta una victoria momentánea y Sarkozy prometió entonces que la ley se aprobaría cuanto antes.

El 5 de mayo la ley recibió un nuevo revés, más serio, proveniente de la UE. El Parlamento Europeo votaba en contra de cualquier corte de Internet, cuyo acceso considera un derecho fundamental, sin que medie una previa decisión judicial. La ley francesa no estipula eso. Para cortar el acceso a Internet es suficiente una autoridad administrativa. Es decir, las dos leyes son incompatibles.

En principio, el Gobierno francés confía en salir victorioso de una previsible lucha jurídica. El tiempo corre ahora a favor de la ley francesa, que va un paso por delante. El próximo 12 de junio deben reunirse los ministros europeos del ramo para discutir este asunto y en cualquier caso, una nueva directiva europea no entraría en vigor, al menos, hasta principios de 2010. Hasta entonces, los miembros del Gobierno francés, decididos a aplicar su ley, confían en haber limado, a base de diplomacia, las incompatibilidades.

Mientras tanto, los internautas avisan de que la ley, compatible o no con Europa, se revelará inútil. Y aseguran que hay claves para sortearla, esto es, para bajarse de la Red material ilegal sin riesgo.