La sociedad general de autores españoles se está ganando a pulso su fama de ser “la organización más odiada del país”. Ya no le basta imponer un canon digital injusto y arbitrario, perseguir y denunciar a consumidores y empresarios o censurar y amenazar a blog y medios que no le son afines. Lo último que nos quedaba por ver es que la SGAE cargue contra las instituciones públicas cuando sus resoluciones no son de su agrado.
Recordaréis la reciente propuesta del Parlamento Vasco instando al gobierno central a modificar la actual regulación del canon. Una resolución plena de buen juicio “para explorar otras fórmulas que garanticen el legítimo derecho de los autores a una retribución justa que sean acordes con las nuevas tecnologías de la información, con los nuevos hábitos de uso de los ciudadanos, que contribuyan al desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, y a la defensa de los consumidores”.
Esta propuesta que se une al rechazo del canon digital por otras autonomías como la valenciana y multitud de ayuntamientos, ha escocido en la sede madrileña de la SGAE y sus dirigentes han emitido una carta a la presidenta de la cámara en la que consideran “manifiestamente improcedente que una institución pública, como es el Parlamento Vasco, que debe representar y defender los intereses generales, pueda tomar públicamente partido por quién defiende sus intereses privados”.
Intereses generales dicen… Hay que tener morro… Los verdaderos intereses generales son los de más de dos millones de ciudadanos que han firmado en contra del canon digital y la inmensa mayoría de la industria tecnológica del país.
El PP vasco ya ha reaccionado a la carta afirmando que el canon digital es “una chapuza con pinta de subvención encubierta solo para unos pocos, que representa la negación del progresismo ya que tiene rasgos de diezmo medieval” y considera que, en la carta, la SGAE “ofende a los vascos y a la institución, que sabe perfectamente que temas debe o no abordar”.
Por otra parte el 11 de junio se inicia el juicio de la SGAE contra Julio Alonso , fundador de Weblogs SL, que escribió un artículo en su blog Merodeando que aparecía en las primeras posiciones de Google al buscar “ladrones”. La respuesta a la demanda de sus abogados del bufete Almeida explica claramente lo que ocurre: “En ninguno de los casos el Sr. Alonso ha vertido injurias, insultos o calumnias contra la demandante. Su actividad se limita a la recopilación de unos datos que están en la red y a los que cualquiera podría acceder a través de los buscadores que existen en Internet. El contenido de los enlaces, su exactitud o inexactitud, le es ajeno, ya que ninguna intervención ha tenido en su generación (…) Bajo el manto de una pretendida vulneración del derecho al honor de mi mandante, la SGAE busca propinar un escarmiento ejemplarizante a la comunidad internauta; ese es el verdadero interés de la SGAE en este pleito.”
Para terminar con la SGAE (fuente permanente de malas noticias), leemos que el diario “Público” ante una probable denuncia ha borrado 200 comentarios de un artículo que también comentamos en su día, referido al entramado societario de la Sociedad de Autores. Ya solo les falta cerrar medios de comunicación que expresen libremente su opinión. Todo llegará…
Juan Ranchal
