Google va dando pasos para corregir la situación creada tras el descubrimiento de que sus coches de Street View registraban datos privados de las redes wifi que captaban durante el recorrido por las calles de las ciudades. En respuesta a la petición de la Agencia de Protección de Datos española, Google ha anunciado que entregará a las autoridades españolas los datos recogidos en nuestro país por los coches de Street View. Otro tanto hará en Alemania y Francia.
Tras desvelarse que Street View recogía este tipo de datos gracias a una investigación de las autoridades alemanas, varios países han reclamado a la compañía los datos recolectados en sus países. Los últimos en hacerlo han sido Canadá y Australia. Países como Austria y Alemania han paralizado el tránsito de los coches de Street View. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos también ha abierto una investigación sobre este tema.En un principio, Google negó que estuviese cometiendo algún tipo de delito. Reconoció que los coches que tomaban fotografías también estaban recogiendo datos de conexiones inalámbricas, pero negó que se estuviese recogiendo información personal de las redes wifi. Sin embargo, tras la publicación de una auditoría solicitada por Alemania, Google admitió en mayo que había recopilado muestras de datos personales de forma inadvertida.
La empresa propuso destruir los datos almacenados ante testigos pero algunos países, como Alemania, han reclamado que quieren conocer qué tipo de datos están en manos de Google. La firma del buscador alegó que esta entrega podría vulnerar las leyes que protegen la privacidad. El responsable de la agencia de la protección de datos alemán elevó una consulta a un tribunal de Hamburgo para conocer si ello supondría la vulneración de alguna ley. La respuesta fue favorable a sus pretensiones. Alemania ha revisado los coches de Street View para conocer con qué tipo de programas de husmeo iban equipados.
En Washington, California, Massachussetts y Oregón, ya se han recogido varias demandas contra la empresa por un supuesto delito de violación de privacidad.
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