La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Internautas (AI) contra la oficina de la Presidencia del Gobierno sobre el nombramiento de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde por conflicto de intereses. La ministra es guionista y directora de cine de profesión y la AI considera que no es la persona adecuada para desempeñar ese cargo. "Tiene intereses en el mundo del cine", ha señalado por vía telefónica el presidente de la AI, Víctor Domingo. Un portavoz del Ministerio de Cultura ha señalado que la Oficina de Conflictos de Intereses ya consideró en julio "improcedente" dicha denuncia.

La AI reconoce que no están acusando a González-Sinde de aprovecharse del cargo: "En ningún caso afirmamos que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes". La denuncia obedece más bien a la pugna sobre la piratería en Internet que esta asociación y otros internautas establecieron en su día contra González-Sinde cuando todavía era presidenta de la Academia de Cine. "Ella venía precedida
de declaraciones muy beligerantes contra Internet", ha señalado Domingo, para quien "se está demostrando que no es una persona imparcial".

Esta norma ha desencadenado un furibunda reacción de influyentes internautas y asociaciones de usuarios (entre otras la AI), pues la consideran una violación de la libertad de expresión y de otras garantías constitucionales. "En estos momentos necesitamos personas neutrales para discutir una ley así y González-Sinde no es neutral. No se está comportando como la ministra de todos", ha añadido Domingo.
El pasado 28 de julio la Oficina de Conflicto de Intereses (dependiente de Presidencia) rechazó una denuncia similar. La AI recurrió dicha decisión ante la Audiencia Nacional, que ahora ha decidido admitir a trámite las alegaciones.
La AI espera que su denuncia "prospere antes de que la Señora Sinde ya no sea Ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido". Los denunciantes consideran que la condena "aunque sea moral puede tener un valor edificante y regenerador de la vida pública".
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